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Proyecto de Ley para crear al Defensor de los Derechos de la per
El presidente Lucio Ibánez y la Comisión del Discapacidad del Colegio Público –encabezada por Haydee Antonini- entregaron a la diputada Silvia Martínez la iniciativa.
El presidente Lucio Ibánez y la Comisión del Discapacidad del Colegio Público –encabezada por Haydee Antonini- entregaron a la diputada Silvia Martínez el proyecto de ley que impulsa la creación del Defensor de los Derechos de la persona discapacitada.

La iniciativa ha sido avalada por las legisladoras Martínez y Lucrecia A. Monti y su texto es el siguiente:

Artículo 1.- Créase la figura del Defensor de los Derechos de la persona discapacitada que se ocupará de la protección y promoción de los derechos de la persona discapacitada física, mental o sensorial consagrados en la Constitución Nacional.

Artículo 2.- El Defensor de los Derechos de la persona discapacitada será designado por el Defensor del Pueblo de la Nación, en carácter de adjunto, previo concurso de oposición y antecedentes.

Puede ser elegido Defensor de los Derechos de la persona discapacitada, toda persona que reúna las siguientes cualidades:
a) Ser argentina.
b) Tener 30 años de edad, como mínimo.
c) Acreditar idoneidad, especialización y entrenamiento en la defensa y protección activa de los derechos de las personas discapacitadas. Se preferirá para desempeñar el cargo, a iguales condiciones de idoneidad, una persona discapacitada.

Durará cinco (5) años en sus funciones pudiendo ser reelegido una sola vez.

Para el desarrollo eficaz de su tarea el Defensor de los Derechos de la persona discapacitada será asistido por un equipo interdisciplinario.

Artículo 3.- Será designado dentro de los noventa (90) días contados desde la publicación de la presente ley, y percibirá la remuneración que determine su reglamentación.

El cargo de Defensor de los Derechos de la persona discapacitada es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia estándole vedada asimismo la actividad política partidaria. No deberá encontrase fallido, concursado. Inhibido o con proceso penal. Deberá cesar dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle.

Artículo 4.- El Defensor de los Derechos de la persona discapacitada no estará sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad, excepto del Defensor del Pueblo de la Nación. En consecuencia no aceptará intervención de ningún órgano estatal que de alguna manera implique la intención de subordinarlo limitando el cumplimiento de sus funciones.

El Defensor de los Derechos de la persona discapacitada determinará, en forma exclusiva, los casos a que dará curso. Las presentaciones serán gratuitas.

Artículo 5.- El Defensor de los Derechos de la persona discapacitada podrá de oficio o por denuncia investigar aquellos actos, hechos u omisiones de la administración pública u organismos no gubernamentales que implique amenaza, desconocimiento o violación de los derechos de las personas discapacitadas.

Asimismo el Defensor de los Derechos de las personas discapacitadas deberá ejercer las siguientes funciones:

a) Promover y proteger los derechos de la persona discapacitada, mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;

b) Proteger intereses difusos o colectivos de las personas discapacitadas, hallándose facultado para ejercer las acciones a que alude el artículo 43º de la Constitución Nacional;

c) Procurar permanentemente la igualdad de oportunidades para el logro de los fines individuales de la persona discapacitada. Con este cometido supervisará el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley a los organismos de la administración pública, los efectores de salud de gestión pública o privada, y organizaciones no gubernamentales, a efectos de proveer los elementos, cualquiera sea su naturaleza, y requerir las prestaciones asistenciales, médicas y económicas de cualquier tipo que sean necesarias para enfrentar y solucionar las situaciones de discapacidad.

Esto sin perjuicio de la competencia legalmente asignada en cada caso, a la autoridad de aplicación respectiva.

d) Inspeccionar establecimientos, nosocomios, reparticiones, locales y edificios públicos o privados, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, para lo cual contará con la asistencia de la Fuerza Pública cuando fuere menester su intervención.

e) Requerir a las autoridades judiciales, administrativas y/o policiales, la adopción de las medidas tendientes a resolver la situación de las personas discapacitadas cuando tome conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus parientes, representantes, tutores, curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentran.

f) Fomentar y difundir a través de campañas educativas los derechos de las personas discapacitadas con el fin de alentar al Estado y a la Comunidad a su promoción y protección;

g) Dar a conocer la situación y las necesidades de las personas discapacitadas a través de medios de comunicación colectiva, publicaciones, seminarios o conferencias;

h) Recibir todo tipo de denuncias vinculadas a la discapacidad o que afecten a personas discapacitadas y darle el trámite correspondiente según la naturaleza de los actos, hechos u omisiones denunciados, debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate;

i) Proponer reformas legislativas con relación a todo tema vinculado con la discapacidad y la defensa de las personas discapacitadas.

Artículo 6.- Las disposiciones de la presente ley son complementarias de la ley 24.284 y su modificatoria ley 24.379.

Artículo 7- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


FUNDAMENTOS

Señor Presidente Honorable Cámara de Diputados:

El Proyecto de Ley que aquí presentamos para su aprobación, representa un claro avance hacia una mayor sensibilización de los derechos humanos en general, ya que resulta incuestionable la necesidad de precisar la percepción de los problemas que generan las situaciones de discapacidad, entendiendo que queda aún un largo camino por recorrer.

Desde esta actitud se presentan una serie de problemas que existen desde siempre, pero que recién ahora empiezan, lentamente, a ser conocidos por la sociedad en su conjunto.

La voz otrora inaudible de miles de personas discapacitadas busca ganar su espacio con la misión de obtener soluciones posibles para problemas concretos. Se trata de una lucha desigual que de manera dramática refleja la impotencia del individuo para vencer carencias y reticencias.

La iniciativa destinada a incorporar a nuestra legislación al Defensor de los derechos de la persona discapacitada busca hacerse cargo de esta problemática y generar una firme respuesta institucional atendiendo reclamos y consultas en los temas relacionados con la problemática.

El Defensor se presenta en este proyecto con carácter de adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, dotado de funciones que permiten la defensa de los derechos de las personas discapacitadas con resortes institucionales eficientes, que respondan específicamente al fundamental objetivo de recibir y tramitar las quejas fundadas en cualquier acto que se traduzca en menoscabo a los mismos, y con idéntica mira analizar la actuación de los Poderes Públicos; los sectores de salud de gestión pública y privada, y organizaciones no gubernamentales.

Por tratarse de una ley complementaria de la del Defensor del Pueblo, debe entenderse que todo lo no explicitado en la presente, se rige por aquella a la que complementa.

La perspectiva de las personas discapacitadas debe promocionarse de una manera más sistemática y eficiente para que sus derechos, necesidades e intereses atraigan suficiente atención, alguien tiene que hablar con y por ellos y defender su causa.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
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