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Informe sobre tardanza en la entrega de certificados
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2005.-

VISTO:


La actuación nº 3527/05, iniciada de oficio por funcionarios de esta Defensoría del Pueblo, en razón de las múltiples consultas recibidas y actuaciones iniciadas por quienes necesitan obtener certificado de discapacidad.



Y CONSIDERANDO QUE:


Son innumerables los casos de personas con necesidades especiales que se acercan a esta Defensoría del Pueblo que no cuentan con el pertinente certificado de discapacidad, imprescindible para ejercer los derechos específicos a su condición física o psíquica.

Según la Ley Nacional nº 22.431, que establece un sistema de protección integral a favor de las personas que presentan una discapacidad, tal condición sólo se certifica a través del documento que emite el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a los efectos de ejercer los derechos que le corresponden.

A esos efectos, el interesado debe requerir al organismo citado, el trámite de Junta Médica, cuyos turnos se asignan según la capacidad operativa del citado organismo.

Es de hacer notar que la gran cantidad de aspirantes a obtener el certificado ha motivado, en los últimos tiempos, demoras que causan gravámenes irreparables a quienes no pueden ejercer así su derecho a la rehabilitación con cobertura integral (Ley Nacional nº 24.901), el derecho a la exención del impuesto a las Patentes, al libre tránsito y estacionamiento y el uso del símbolo (Ley nº 19279), su derecho a la gratuidad en los medios de transporte público terrestre (Ley Nacional nº 25.635) y/o acceder a los Registros de los postulantes a ocupar una posición laboral (Ley Nacional nº 22.431 - Ley nº 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o mediante la concesión de una explotación comercial (Ley Nacional nº 24.308 - Decreto nº 1553/1997 de esta Ciudad), la reserva de espacio domiciliario para estacionar (Ley nº 438 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Si bien cabe poner de resalto la buena voluntad del organismo nacional competente para solucionar los casos expuestos por esta Defensoría del Pueblo, también es cierto que la intervención llevada a cabo a esos efectos plantea la eventual posibilidad de alcanzar una solución singular, quedando subsistente el conflicto de muchas personas que no llegan a este organismo y que ameritan igualdad de trato.

Las razones del aumento en la cantidad de peticionantes debería adjudicarse, por un lado, al incremento de la discapacidad -en virtud de los mayores factores de riesgo existentes (desnutrición, deficitarias condiciones de vida, daño ambiental, accidentes automovilísticos, enfermedades “de la civilización” -diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc.-).

En otro sentido, y afortunadamente, el incremento de los interesados podría deberse al aumento de las medidas de equiparación de oportunidades que paulatinamente agrega la legislación, como así también, a una mayor difusión e información relacionadas con esas medidas.

Sea por el motivo que fuere, lo cierto es que las autoridades competentes deben dar cumplimiento a lo estatuido por la legislación vigente, máxime si de ella deviene la obligación de acreditar la discapacidad a los fines de ejercer los derechos que la ley acuerda.

El art. 3 de la Ley nº 22.431, modificado por la Ley nº 25.504, dispone que: “...El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho Ministerio indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se expida se denominará Certificado Unico de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla...”.

Independientemente del hecho de que el certificado que se expide en la actualidad no cumple con estos criterios (lo que ameritará una evaluación que excede el marco de la presente), la excesiva demora en la asignación de turnos obstaculiza la acreditación de la discapacidad, y por ende, constituye una arbitrariedad que impide el ejercicio de los derechos señalados, de una franja poblacional estimada, por la Encuesta Nacional de Discapacidad (E.N.DI.), en aproximadamente el 7,1% -única cifra oficial disponible-.

Corresponde en este punto referir al mandato constitucional que establece la obligatoriedad del Estado de dictar medidas de carácter positivo tendientes a lograr la equiparación de oportunidades e igualdad de trato de quienes integran grupos vulnerables, siendo la discapacidad una de las causales de mayor vulnerabilidad (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional).

No otorgar la certificación de discapacidad en tiempo y forma oportunos posiciona a la persona que lo peticiona, en un desnivel que promueve una desigualdad insostenible en un régimen democrático que señala la obligación de igualar las oportunidades, de modo que todos se posicionen en un mismo punto de partida para acceder a sus derechos; en el caso que nos ocupa, y tomando un solo aspecto de todos los que conciernen a la certificación aludida, que todos los afiliados con discapacidad de las obras sociales -o institutos similares-, accedan a la misma cobertura establecida por ley. Lo contrario implica brindar a unos (los que tienen certificado) lo que se les niega a otros (los que no tienen certificado).

Una actitud de esa naturaleza encuadra en el criterio de discriminación que, aunque no tenga el propósito, surte el efecto de restringir o imposibilitar el ejercicio de derechos fundamentales. Todo ello, según la definición de discriminación contenida en la Ley nº 25.280 -que aprueba la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad-, cuyo art. 1 dispone que: “...El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales...”.

Por otra parte, siempre en el mismo sentido, corresponde citar el art. 1º de la Ley nº 23.592, que dice: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos...”.

Es obligación, entonces, del Estado -a través de sus respectivos organismos-, como garante de los derechos humanos que es, asegurar el libre ejercicio de los derechos que le son reconocidos a este sector social, de modo tal que las dilaciones en su accionar no arrojen como resultado la segregación en razón de su condición física y/o psíquica, lo que según la letra y el espíritu de las normas transcriptas, da lugar a la reparación del daño moral y material que se ocasionen; reparación que, de ser solicitada por la víctima, constituiría también un daño -evitable- para el mismo Estado.

Evidentemente, la solución al conflicto que aquí ha quedado planteado depende, en gran medida, de la efectiva capacidad operativa del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, mediante la asignación de recursos materiales y humanos por parte del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, como así también de la intervención que los demás organismos que, en cada jurisdicción corresponda, tomen al respecto.

Las Juntas Médicas establecidas a los fines de la certificación de la discapacidad se organizan según sea la jurisdicción de que se trate. Mientras en todas la Provincias del país existen las Juntas Evaluadoras pertinentes, no ocurre lo mismo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de que su declaración de autonomía lleva ya casi diez años en vigencia.

Por ello, a fs. 3, se cursó oficio a la Secretaría de Salud dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de recibir información sobre lo actuado en relación con el expediente nº 71.900/2004, que trata sobre el tema de marras.

Asimismo, a fs. 4, se libró oficio al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a fin que suministre información respecto al expediente nº 1-2002-4300003073/02-5, acompañando la documentación que la avale.

Nótese que no se han satisfecho ninguno de los requerimientos efectuados, a pesar de los múltiples reclamos formulados, según consta en hoja de ruta respectiva.

En consecuencia, entiende esta Defensoría del Pueblo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe acordar los mecanismos para crear las Juntas Evaluadoras que aseguren a las personas con necesidades especiales de su jurisdicción, la posibilidad de acreditar su discapacidad, desde que el respectivo certificado también es requisito indispensable para ejercer los derechos que les acuerda tanto la legislación nacional como la local.

El art. 42 de la Constitución local establece que: “La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes”.

De modo que siendo el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad el único organismo habilitado para expedir los certificados de marras y careciendo, en la actualidad, de la estructura necesaria para cumplir con esa función, sin las dilaciones que constituyen una arbitrariedad que imposibilitan el ejercicio de los derechos de las personas con necesidades especiales, corresponde que se arbitren los mecanismos tendientes a eliminar la barrera que ello significa para los residentes de esta Ciudad, en orden a ejercer los derechos específicos que posibiliten la equiparación de oportunidades de esas personas, mediante la creación de Juntas Evaluadoras, dependientes de los organismos propios de esta Ciudad, tal como ocurre en el resto de las jurisdicciones del país.

La Ley nº 447 de esta Ciudad, en su art. 1º, determina que: “Establécese por la presente Ley un Régimen Básico e Integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales”.

A su vez, el art. 4º de la citada Ley, en su parte pertinente, establece que: “La Ciudad de Buenos Aires... Reafirma sus derechos y obligaciones, justificando así las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su pleno desarrollo y participación”.

El art. 10 determina que: “El Poder Ejecutivo conformará la “Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales” encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con necesidades especiales, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y provinciales, responsables de su aplicación y ejecución”.

Teniendo en cuenta que esta ley fue reglamentada por el Decreto nº 1393/03, la citada Comisión tiene ya estipuladas las correspondientes misiones y funciones para actuar en el tema planteado.

Por último, el art. 13 de la Ley nº 447 prescribe que: “La Ley de Presupuesto determinará anualmente el monto que se destinará para dar cumplimiento a las previsiones de la presente ley”.

De todo ello se deriva que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe crear los mecanismos para otorgar, a través de los organismos de su dependencia, los Certificados Unicos de Discapacidad, a los residentes con necesidades especiales, vecinos de esta Ciudad, entendiendo esta Defensoría del Pueblo que, en razón de la estructura existente, el organismo competente debería ser la Secretaría de Salud del Gobierno de esta Ciudad.

De modo que, en razón de las funciones encomendadas por lo establecido por la Ley nº 447, corresponde recomendar a la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales tome la intervención que le corresponde en el caso.

Asimismo, cabe poner en conocimiento de los organismos involucrados el contenido de la presente Resolución a los efectos de que informen lo que se actúe en relación con el tema planteado.



POR TODO ELLO:


LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
R E S U E L V E :


1) Recomendar al señor Presidente de la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales, tome la intervención que le corresponde en mérito a lo normado por el art. 10 de la Ley nº 447.


2) Recomendar al señor Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arbitre las medidas conducentes para que se expidan Certificados Unicos de Discapacidad a través de los organismos bajo su dependencia, en mérito a lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución local y demás normas vigentes a esos efectos.


3) Recomendar a la señora Secretaria de Hacienda y Finanzas incluya en la Ley de Presupuesto, correspondiente al próximo ejercicio, las partidas presupuestarias pertinentes.


4) Comunicar al señor Ministro de Salud y Ambiente de la Nación el contenido de la presente.

5) Comunicar al señor Director del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad el contenido de la presente.


6) Comunicar al señor Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, a los efectos de su intervención en razón de su competencia.


7) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires. [1]


8) Registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente, archivar.

Código 443
IF/CAPNE
gv/D/LDS

RESOLUCION Nº 3648/05
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