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21/07/08

La Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal confirmó una
sentencia a partir de la cual la Secretaria de Transporte deberá
exigirle a las empresas de colectivos que incorporen unidades
adaptadas para las personas con movilidad reducida. La decisión
judicial es en el marco de una demanda presentada en 2003 por el
defensor del pueblo Eduardo Mondino.


Las empresas de colectivos ya no podrán dilatar más las obligaciones
impuestas hace catorce años por la ley 22.431 y deberán adaptar sus
unidades para posibilitar el transporte de personas con movilidad
reducida. Así lo dispuso la Cámara en lo Contencioso y Administrativo
Federal a través de un fallo que obliga a la Secretaría de Transporte
a exigir el cabal cumplimiento de esa disposición legal.

La decisión de la Sala II llegó tras cinco años de litigio y confirma
el fallo del juzgado de primera instancia Nº 4 del fuero, que hizo
lugar a la demanda promovida en 2003 por el defensor del pueblo de la
Nación, Eduardo Mondino, y, en consecuencia, le exigió al Poder
Ejecutivo que haga cumplir lo previsto en el artículo 22 de la ley
22.431.

El pronunciamiento de grado había sido confirmado por los jueces
Carlos Grecco y Marta Herrera en abril y ahora los mismos magistrados
rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Estado
Nacional. "La arbitrariedad atribuida a la sentencia constituye una
causal que no puede ser considerada por el tribunal", dice la
sentencia interlocutoria, que además considera que el fallo recurrido
tiene "suficiente fundamentación fáctica y jurídica para constituir
un acto jurisdiccional válido.

En abril, los magistrados avalaron el criterio sostenido por la a quo
en la sentencia apelada, que entre otras cosas señaló que la
normativa "ampara el derecho de los discapacitados a una equiparación
real de oportunidades y trato, permitiendo su plena participación en
la sociedad e integración a la comunidad". Mientras que agregó
que "el derecho a la salud no puede ser limitado a la ausencia de
enfermedad. Por el contrario, tal como lo ha definido la Organización
Mundial de la Salud, debe abarcar un estado completo de bienestar
físico, mental y social".

La demanda del caso fue iniciada por Mondino en diciembre de 2003
dando lugar a los autos "Defensor del Pueblo de la Nación c/EN –M°
Planificación —Secretaría de Transporte— ley 22431 s/proceso de
conocimiento". El objetivo era que se condene al Estado "al inmediato
y efectivo cumplimiento de la ley" que obliga a las empresas de
pasajeros "a la incorporación de unidades con adaptaciones para el
ingreso y egreso en forma autónoma y segura y con espacio suficiente
que permita la ubicación en su interior de personas discapacitadas,
hasta llegar a la renovación total de la flota".

De acuerdo al artículo 22 de la ley de protección integral de las
personas discapacitadas, "las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente, en los plazos y proporciones que establezca
la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el
transporte de personas con movilidad reducida". Para ello, se fijó
que los colectivos cuenten con dos asientos reservados, señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche de las puertas, y que tengan un
piso antideslizante y espacio para ubicación debastones, muletas y
sillas de ruedas.

Según el fallo, el cumplimiento de la ley se inició en 1997 y "a la
fecha del pronunciamiento en crisis (septiembre de 2007) se observa
un cumplimiento muy escaso por parte de las concesionarias del
transporte colectivo terrestre sometido al control nacional".
Rechazándose así, por falta de respaldo documental, las afirmaciones
de las autoridades que indicaban que al 13 de noviembre de 2007 el
37,3% del total de las unidades habilitadas se hallan en condiciones
de ser utilizadas por personas con movilidad reducida.

La pretensión de Mondino era que se cumpla con esa normativa y que
hasta que la totalidad de los ómnibus sean adaptados se garantice un
régimen de frecuencias mínimas debidamente publicitadas para que toda
persona con discapacidad pueda utilizar adecuadamente el sistema.

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ferroviarias




La Justicia le exige al Estado cumplir ley a favor de los
discapacitados 05/11/07

Le ordenó a la Secretaría de Transporte que las empresas de
colectivos renueven toda su flota para adaptarlas a condiciones que
permitan su uso por parte de personas con movilidad reducida. Eso
debería haber ocurrido en 2002, tal como exige una ley que se cumplió
parcialmente. Una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal
sostuvo que "es imperioso imponer al Estado la obligación y
responsabilidad de adoptar medidas conducentes que tiendan a sostener
la observancia de la Constitución Nacional".

La jueza Rita Ailan, titular del juzgado en lo Contencioso
Administrativo Federal, en autos caratulados "Defensor del Pueblo de
la Nación c/ EN – Ministerio de Planificación – Secretaría de
Transporte – Ley 22.431 s/ proceso de conocimiento", le ordenó a la
Secretaría de Transporte de la Nación que "exija el cabal
cumplimiento" de los normas que obligan a las empresas de colectivo a
la renovación total de sus vehículos para adaptarlos al uso de
personas discapacitadas, lo que deberían haber completado en 2002.

Para esa fecha toda la flota de colectivos deberían haber sido
adaptados al ingreso y egreso autónomo y comodidad de personas
discapacitadas, tal como establecía las leyes 22.431 y 24.314 y el
decreto 467 de 1998. Sin embargo, la magistrada sostuvo que hay
un "cumplimiento muy escaso" de la normativa por parte de las
empresas de transporte público de pasajeros y que no hay ningún
motivo para que eso no ocurra ni tampoco para que "el Estado Nacional
no desempeñe su obligación de verificación".

Las empresas no cumplieron la medida porque la Secretaría de
Transporte dictó durante cuatro años sucesivas prórrogas y
suspensiones. A pesar de esas postergaciones la ley 22.431 "se
encuentra plenamente vigente, en razón de no haberse dictado ninguna
otra resolución que directa o indirectamente suspenda sus efectos",
explicó la jueza.

El fallo señala que hasta que se cumpla el recambio de
colectivos "debe garantizarse un régimen de frecuencias mínimas
fijas, debidamente publicitadas, para que toda persona con
discapacidad puede utilizar libremente el sistema de transporte".

Cuando la demanda fue presentada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación hace cuatro años, en 2003, la Comisión Nacional Asesora para
la Incorporación de Personas Discapacitadas, encargada de evaluar el
cumplimiento de la ley 22.431, informó que de los 9.430 colectivos
sólo 1.013 fueron reformados para el acceso de personas con movilidad
reducida.

"Es imperioso imponer al Estado la obligación y responsabilidad de
adoptar medidas conducentes que tiendan a sostener la observancia de
la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la normativa
interna, ello en razón del reconocimiento explícito de los derechos
que le asisten a las personas con discapacidad", dijo la jueza Ailan.

La magistrada citó numerosa normativa nacional, tratados
internacionales incorporados a la Constitución, y fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan los derechos de
las personas discapacitadas a un trato igualitario y la obligación
del Estado de garantizar que se cumplan.

"Que la Constitución Nacional, en cuento reconoce derechos, lo hace
para que ésos resulten efectivos y no ilusorios. Por ende, al
reglamentar derechos, el llamado a hacerlo no puede obrar con otra
finalidad que no se ala de darles toda la plenitud que le reconoce la
Constitución, o sea, el texto suprema que los enunció y que manda a
asegurarlos", expuso la jueza.

Por último, señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el fallo "Hermosa" de este año resolvió que "las personas en
situación de vulnerabilidad generan un deber primordial para el
Estado de dar respuestas adecuadas y eficaces. Éste debe arbitrar
todos los medios conducentes y apropiados a fin de satisfacer las
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos
que titularizan; no solamente con abstenciones, sino adoptando
medidas positivas y determinables en función a las particularidades
necesidades de protección de cada situación".

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El viajar es un placer 11 AGO 06

La Justicia en lo Contencioso Administrativo federal le ordenó a una
empresa de micros de larga distancia que le otorgue cinco pasajes
gratis a una familia de discapacitados, en un mismo micro, para poder
viajar a Córdoba. Todas las compañías se negaban invocando un decreto
de la Secretaría de Transportes que restringe ese derecho. La juez
dijo que la negativa era incompatible con lo establecido en la Ley
25.635.

Lo resolvió la juez Claudia Rodríguez Vidal, titular del Juzgado Nº 3
en lo Contencioso Administrativo Federal, en autos "Amado, Mónica
Beatriz y otro c/ en M. Planificación Dto. 118/06 (ST) s/amparo Ley
16.986"
a raíz del amparo presentado por la abogada defensora de
la familia de la actora, que al igual que su marido y sus dos hijas,
padece una discapacidad que le impide movilizarse normalmente.

La medida cautelar se inició contra el Ministerio de Planificación
Federal –Secretaría de Transporte- para que se declare la
inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 118/06, por entender
que el mismo vulnera el derecho a la gratuidad del transporte de
colectivo terrestre que las leyes 22.431 y 25.365 reconoce a las
personas discapacitadas.

La abogada Varina Suleiman, integrante de la Red de Abogados
Voluntarios de Poder Ciudadano, solicitó que se le entregue a Mónica
Amado cinco pasajes –ida y vuelta- a la ciudad de Embalse Río
Tercero, en la provincia de Córdoba. Además, pidió que los pasajes
para el grupo familiar (4) y el acompañante sean dispuestos en un
mismo ómnibus. Y explicó que los amparistas no tenían la posibilidad
de modificar la fecha porque su viaje formaba parte de un programa
federal de turismo social dispuesto especialmente para familias de
bajos recursos.

Asimismo, en la presentación judicial, la familia de Mónica advirtió
que todas las empresas de micros de larga distancia de la terminal de
Retiro les informaron que sólo se encontraban obligadas a entregar
dos pasajes por unidad en virtud de las disposiciones del Decreto
118/06, pese a que en la carta de solicitud los actores explicaban
que las cinco butacas en el mismo micro obedecían a la necesidad de
viajar todos juntos con un solo acompañante.

Por otro lado, pusieron de resalto que la aplicación de esa norma, en
la interpretación que le da la empresa, los llevaría a solicitar 8
pasajes, es decir, uno para cada discapacitado con su acompañante.

La juez, al momento de resolver, destacó que la Ley 25.635 eliminó
restricciones en cuanto a las limitaciones fundadas en el destino y
que el artículo 1 de esa norma establece que "las empresas de
tranporte público colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las
mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole".

Además, recordó que el Decreto 38/04 habilita a las personas
discapacitadas a usar gratuitamente los servicio de larga distancia y
que para ello deben requerir los pasajes en la boletería.

Por todo ello, la juez consideró que "la negativa de las empresas
requeridas a la entrega de los pasajes para el grupo familiar y su
asistente, en el mismo vehículo, parece en principio como
incompatibles con la previsiones no solo de la Ley 25.635, sino
además con la normativa de rango constitucional referidas al pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la carta magna".

Pero también "importaría para el grupo familiar, un agravamiento
injustificado del sufrimiento al que ya, por sus dolencias, se
encuentran sometido, pues es claro que frente a la especial situación
en que se encuentra este grupo familiar, la aplicación de esa
limitación (solo concebida como un beneficio económico para las
empresas de transporte), privaría a los actores de disfrutar en
familia de la vacación a la que tienen derecho, pues no seria
pensable que pudieran en su estado viajar cada uno por separado".

Según consta en el fallo, Mónica Amado es parapléjica y discapacitada
motriz. Una de sus hijas padece una discapacidad neuromotora
poliradícula neuroparadesmielizante, mientras que la otra es
discapacitada motriz con diagnóstico de neuropolia periférica y
síndrome atáxico. Su esposo, Jorge
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