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Mendoza, ley madre

FUNDAMENTOS

La discapacidad es toda limitación o restricción que, originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, en igualdad de condiciones con las demás.

La Ley Nº 22.431, creó el Sistema de Protección Integral a las Personas discapacitadas, define a las personas con discapacidades como aquellas que padecen “…una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio Nº 159, Artículo 1º, “…entiende por “persona inválida” a toda persona cuya posibilidad de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo, queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.
Además, en su artículo 4º señala que “Las medidas positivas encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.

En la Provincia de Mendoza se dictó la ley 5.041 del 19 de Septiembre de 1985 que estableció un régimen de protección de las personas discapacitadas que tenia por finalidad asegurar: a) la organización del sistema de protección; b) atención médica, educación, seguridad social y aprovechamiento del tiempo libre; c) igualdad de oportunidades para su desempeño eficaz en la sociedad.

Es necesario incorporar las consideraciones establecidas en la Ley Nacional 24.901, además de obligaciones tanto para la Dirección Provincial de Asistencia Integral del Discpacitado la cual pasa a ser una Subdirección, la Obra Social de Empleados Públicos, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, la Dirección General de Escuelas, la Secretaria de Deportes, la Dirección de Vias y Medios de Transporte y en general todo organismo del Estado Provincial.
Por el presente proyecto se crea un Régimen Integral para la inclusión de las Personas con Discapacidad, de conformidad a la Ley Nº 22.431 y en reemplazo de la vieja ley provincial 5.041, a fin posibilitar la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad.
Sabido es que la prevención, integración y rehabilitación de las personas con discapacidad constituyen una obligación indelegable del Estado Provincial y por ello, es necesario garantizar el acceso a los habitantes de la Provincia a las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, entendiendo por tales prestaciones al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial, educativo y de rehabilitación, sean estos de carácter público o privado.
Por ello, en primer término se propicia la adhesión a la ley nacional 24.901 que establece Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Por ello, se reconoce a las personas con discapacidad que no tengan cobertura de obras sociales el derecho a todas las prestaciones básicas, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial. Para el caso de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), se establece la obligatoriedad de la cobertura integral de las prestaciones de prevención, estimulación temprana, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma.
Se adhiere a la ley nacional 26.653 de accesibilidad web a personas con Discapacidad para facilitar el acceso a los contenidos de las páginas web pertenecientes al Estado, de todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato.

Se crea la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, en reemplazo de la actual Dirección y se prevé la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.

La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad acapara las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.

Se crea el Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad en reemplazo del Registro Único del Discapacitado en donde deberán asentarse todos los datos e informaciones que hagan al estado de la persona con discapacidad.
Dentro del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad funcionarán: a) el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad; b) El Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial sujetos a concesión; c)El Registro de Prestadores de Salud.

Se crea la Defensoría del Discapacitado que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política y tendrá la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones, sean estos individuales, colectivos o difusos. La duración del mandato del Defensor del Discapacitado se establece de cinco años.

En cuanto a la inserción laboral y teniendo particularmente en cuenta la altísima tasa de desocupación de las personas con discapacidad, entre las múltiples normas y nuevos derechos que se consagran, se destaca la obligación por parte del Estado de ocupar personas con discapacidad con aptitud para el trabajo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal. A fin de efectivizar dicho porcentaje las vacantes que se produzcan deberán prioritariamente ser cubiertas por las personas discapacitadas.
Asimismo se establece la preferencia a favor de las personas con discapacidad para la explotación de comercios, servicios y cualquier otra actividad, en espacios pertenecientes al estado provincial.

En los supuestos de trabajo privado se disponen beneficios a favor de los empleadores que dispongan en su plantilla de personal de un determinado porcentaje de personas con discapacidad tales como: la prioridad en las licitaciones o la prioridad en el otorgamiento de créditos, subvenciones y subsidios estatales, como también una deducción especial del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto en concepto de impuesto a los ingresos brutos, de los haberes mensuales que reciban esos empleados.

En otro el mismo orden se impone al Fondo para la Transformación y Crecimiento de la obligación de habilitar una línea de créditos para financiar la instalación, aprovisionamiento y/o mejoramiento de las concesiones otorgadas a las personas con discapacidad.

En materia de educación, en virtud del principio de inclusión educativa, se dispone su desarrollo preferente en el sistema regular de educación, facilitando la integración, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con discapacidad que requieran necesidades educativas específicas, consagrándose a tal efecto una serie de obligaciones por parte de la Dirección General de Escuelas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos en materia de educación.

En cuanto a la cultura, esta deberá procurar el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad desarrollando acciones tendientes a fortalecer y apoyar las actividades artísticas relacionadas con las personas con discapacidad, prever las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad pueden acceder y disfrutar de los servicios y la oferta cultural y gestionar el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro que faciliten la adecuada comprensión de sus contenidos a las personas con discapacidad;

Respecto de las bibliotecas de acceso público, se establece que las mismas deberán contar con material y facilidades destinadas a no videntes, sordos e hipoacúsicos y se crea una biblioteca parlante para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, total o parcial.

Se dispone la traducción al sistema Braille de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en general, todo Tratado internacional, Ley Nacional o Provincial de defensa y/o protección de personas discapacitadas, las que serán distribuidas a los interesados y a las bibliotecas escolares y públicas de la Provincia.
En este sentido la Dirección General de Rentas de la Provincia deberá proporcionar boletas de impuestos provinciales en sistema braille para personas no videntes y/o discapacitados visuales que lo soliciten.

En lo que hace al deporte los discapacitados tendrán acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter cultural, recreativo o deportivo organizados por organismos del estado. Cuando se realicen espectáculos privados acceso al público en general de carácter recreativo, deportivo, cultural o de cualquier otra índole, en cualquier establecimiento perteneciente al estado provincial con acceso al público en general, deberá preverse un cupo de entradas gratuitas otorgadas a favor de personas con discapacidad.

En el área de transporte, las empresas de transporte público provincial, deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, como así también un acompañante en caso de ser necesario.

Se incrementa el cupo de viviendas a favor de personas con discapacidad que el Instituto Provincial de la Vivienda debe reservar, llevándolo al 10% de cada uno de los planes habitacionales implementados por la provincia.

En cuanto a la arquitectura diferenciada, se dispone que todo establecimiento con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas o de emergencias luminosos y sonoros aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva y visual, como así también con señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

Las áreas de recreación en parques y/o plazas deberán contemplar la posibilidad de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, evitando la existencia de barreras físicas o arquitectónicas.

Se crea la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, con la finalidad de incentivar y promover en los establecimientos privados la accesibilidad integral de personas con discapacidad.

En otro orden de ideas, se establece que las aseguradoras de riesgo de trabajo que operen en jurisdicción de la provincia de Mendoza, deberán garantizar la cobertura de las personas con discapacidad que tengan aptitud para trabajar conforme a su certificado de discapacidad.

Por último se invita a los municipios a adherir a la presente ley.

Para la elaboración del presente proyecto se tomaron en consideración tratados internacionales, leyes nacionales y diversas leyes provinciales, tales como las dictadas por las provincias de San Juan o Santa Cruz y se consultaron y recibieron sugerencias de distintas organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes con sus aportes enriquecieron la presente iniciativa, a quienes debo agradecer su infinita colaboración.

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley.

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON
FUERZA DE LEY:

CAPITULO I
OBJETO

Artículo 1°.- Establécese en la Provincia del Mendoza un “Régimen Integral para la inclusión de las Personas con Discapacidad”, de conformidad a lo previsto por el Artículo 27 de la Ley Nº 22.431, que permitan su plena integración en la sociedad y aseguren el ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes les reconocen en condiciones igualitarias a todas las personas.
La prevención, integración y rehabilitación de las personas con discapacidad constituyen una obligación del Estado Provincial, como asimismo un derecho de las mismas, un deber de su familia y de la sociedad en su conjunto.
El Estado Provincial garantizará el acceso a los habitantes de la Provincia no comprendidos en los alcances de la Ley Nacional 24.901, a las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, entendiendo por tales prestaciones al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial, educativo y de rehabilitación, sean estos de carácter público o privado.

Artículo 2°.- Deberá preverse obligatoriamente la participación e intervención de las personas con discapacidad, en todas los asuntos inherentes a la temática de la discapacidad contemplados en la presente ley, en forma individual o agrupadas en organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 3°.- Adhiérase a la ley nacional 24.901 que establece Sistemas de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Artículo 4°.- Adhiérase a la ley nacional 26.653 de accesibilidad web a personas con Discapacidad. El Estado Provincial, deberá respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información, que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.

Artículo 5°.- A los efectos de la presente Ley defínase a la discapacidad como toda limitación o restricción que, originada en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, en igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, a los fines de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral.
Se entenderá por “Estado Provincial” a los entes que conforman el Sector Público Provincial: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado; Administración Central, Entidades Descentralizadas y Autárquicas; Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Empresas del Estado Provincial, Sociedades del Estado Provincial, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas entidades societarias o empresarias donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones; quedarán comprendidas asimismo, las Empresas Privadas concesionarias de Servicios Públicos.

CAPÍTULO II
DE LA SUBSECRETARÍA PROVINCIAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 6°.- Crease la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, con asiento en la Ciudad de Mendoza, asimismo deberá preverse la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.

Artículo 7°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad tendrá en general las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.
En particular tendrá las siguientes funciones:
1) Realizar tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de todas aquellas personas comprendidas en el art. 5 de la presente ley;
2) Implementar los planes adecuados para lograr su formación laboral y/ o profesional;
3) Instrumentar sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y el desenvolvimiento social, como así mismo el tratamiento al que se hace referencia en el inciso 1);
4) Establecer en todo el territorio provincial, una red de atención integral a personas con discapacidad, que garantice su fácil acceso, el asesoramiento y la información sobre sus derechos.
5) Promover la educación en establecimientos comunes con los apoyos necesarios o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no pueda cursar en escuelas comunes;
6) Controlar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente sobre las personas con discapacidad, debiendo actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en la presente ley;
7) Elaborar un plan provincial para rehabilitación del discapacitado, debiendo ser incluido en los planes de desarrollo socio-económico de la provincia;
8) Prestar asistencia con programas especiales en el marco del deporte comunitario, como los que hacen al uso del tiempo libre y la recreación;
9) Centralizar todas las funciones inherentes a la atención de la discapacidad, que estuvieren desempeñando las jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, debiendo reunir y sistematizar toda la información sobre discapacidad.
10) Desarrollar planes especiales en la materia y dirigir la investigación en el área de la discapacidad;
11) Apoyar, estimular, subsidiar, coordinar, supervisar y asistir técnicamente la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas en las distintas áreas de educación, salud, laboral, social, etcétera; asimismo deberá colaborar y coordinar planes estatales en la materia, prestando asistencia técnica, asesoramiento y diligenciar eventualmente apoyo financiero a ONG y coordinar con estas, medidas adicionales a las establecidas en esta ley y que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad;
12) Asistir, promover y colaborar con dichas instituciones en la generación de campaña y/o concursos con fines solidarios destinados a mejorar la situación de las personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias;
13) Impulsar la creación de una oficina de empleo para discapacitados;
14) Promover la creación de un banco de prótesis e instrumentos;
15) Prestar asistencia técnica a las municipalidades;
16) Otorgar el certificado de discapacidad, el cual contendrá la especificación de su naturaleza y su grado, como así las posibilidades de rehabilitación del afectado y la indicación de tipo de actividad laboral que pueda desempeñar teniendo en cuenta el dictamen de la Junta Calificadora. Deberá expedir un carnet que identifique al discapacitado como tal, teniendo validez ante todas las autoridades que lo requieran.
17) Constituir la Junta Calificadora de Personas con Discapacidad y la Junta Calificadora de Prestadores de Servicios de Atención para Personas con Discapacidad
18) Atender el Registro Único de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, a los efectos de receptar y elaborar la información pertinente que posibilite el cumplimiento respectivo, como así también el control, registro y categorización de los prestadores de salud que califiquen.
19) Atender el Registro laboral único de Aspirantes con Discapacidad, los efectos de receptar y elaborar la información pertinente que posibilite el cumplimiento respectivo, de los porcentajes establecidos por la presente ley para la incorporación de personas con discapacidad en el ámbito del estado provincial.
20) Llevar el Registro y listado de establecimientos sujetos a concesión a fin de otorgar prioridad en el otorgamiento a las personas con discapacidad conforme lo establecido por la presente ley.
21) Estimular y subsidiar la participación de discapacitados en las olimpiadas especiales;
22) Informar, asesorar y orientar adecuadamente a todas las personas con discapacidad que lo soliciten respecto a servicios, coberturas, educación, asistencia, derechos, etcétera, que les correspondan y que ofrezca el Estado Provincial, en concordancia a las disposiciones legales vigentes. Los hospitales públicos deberán contar con servicios de asesoramiento a personas con discapacidad.
23) Implementar un sistema de atención al ciudadano con discapacidad, que sirva de consulta, a partir de los datos mínimos de identificación y mediante Internet, garantizando una adecuada seguridad informática, preservando la identidad de las personas registradas en el sistema.
24) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
25) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, a fin de mejorar la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
26) Organizar y auspiciar cursos y/o programas orientados a la capacitación del personal asignado para la rehabilitación de personas con discapacidad con el objetivo de incorporar nuevas técnicas de rehabilitación.
27) Promover convenios con Universidades Nacionales, Provinciales y Centros de Capacitación Estatales y Privados a fin de formar y perfecciona los recursos humanos especializados en la asistencia de personas con discapacidad,.
28) Promover y coordinar de investigación en la temática de la discapacidad, debiendo desarrollar e implementar instrumentos que permitan identificar patologías discapacitantes a los fines de la prevención de las mismas.
29) Estimular a través de los medios masivos de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como proponer al desarrollo del sentido de solidaridad social en la materia;
30) Realizar campañas de información pública, que tiendan a la orientación y/ o promoción en el plano individual, familiar y social;
31) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública y la promoción de la toma de conciencia comunitaria destinadas a: Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad; Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad; Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad; Alentar a los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente ley; Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
32) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
33) Elaborar de protocolos de funcionamiento interno ajustándose a los siguientes principios: informalidad; gratuidad; celeridad; imparcialidad; inmediatez; accesibilidad; confidencialidad; publicidad; pronunciamiento obligatorio.
34) Celebrar convenios que resulten necesarios para el desenvolvimiento de las actividades o consecución de sus fines y objetivos.
35) Disponer la realización de un censo, cada cinco años, a fin de contar con los datos actualizados para establecer políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
36) Promover ante los Organismos que correspondan la creación de un Servicio Provincial de Intérpretes de Sordos e impulsar la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos para atender requerimientos oficiales y judiciales.
37) Propiciar ante las autoridades de los tres Poderes del Estado y entidades privadas, en cuyas dependencias se efectúa atención al público, la capacitación de personal para comunicarse por la Lengua de Señas Argentina.
38) En general toda medida que resulte útil y pertinente a los fines de la presente ley

Artículo 8°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, será conducida por un profesional con idoneidad en la materia, designado por el Poder Ejecutivo. –

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO PROVINCIAL ASESOR DE DISCAPACIDAD

Artículo 9°.- El Consejo Provincial Asesor de Discapacidad, tendrá por fin generar un espacio institucional que coordine e impulse acciones relacionadas con la discapacidad, instrumentando la participación de los propios interesados mediante el actuar intersectorial a través de instituciones que los representen en pos de lograr una plena inclusión social y equiparación de oportunidades.
Estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo a través de las áreas de salud, educación, deporte e infraestructura; Poder Legislativo y Judicial; Municipios; y organizaciones sociales constituidas legalmente, sin fines de lucro, cuyo objeto sea el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, quienes ostentarán la misma representación dentro del Consejo.

Artículo 10°.- El Consejo deberá reunirse como mínimo una vez por mes conforme al reglamento que dictará el propio Consejo. El Consejo tendrá por funciones: proponer actividades, planes de trabajo, servir de nexo interinstitucional, asesorar y coadyuvar en las acciones que realice la Subdirección, como así también y en particular: a) Asesorar de manera integral respecto en la propuesta de políticas públicas en materia de discapacidad. b) Participar en el análisis, evaluación y elaboración de iniciativas legislativas que sobre este se proyecten. c) Promover acciones que tiendan a difundir y dar a conocer las temáticas de la discapacidad. d) Fiscalizar y controlar el funcionamiento de la Subsecretaría de Atención Integral a Personas con Discapacidad.
La conformación del Consejo tendrá duración de dos (2) años, pudiendo sus miembros poder ser reelegidos por un nuevo periodo.

CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO ÚNICO PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 11°.- Crease el Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad en reemplazo del Registro Único del Discapacitado, que dependerá de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, quien reglamentará su funcionamiento.
Todos los datos e informaciones que hagan al estado de la persona con discapacidad, deberán ser consignados dicho Registro. Tendrá a su cargo la inscripción de las personas que accedieron al Certificado de Discapacidad. En el Registro se elaborará un legajo personal con la documentación pertinente, debiendo receptar y elaborar la información que posibilite el cumplimiento de lo establecido de la presente ley.
Este Registro podrá recabar los datos que estime necesarios de los organismos públicos y privados, quienes quedan obligados a proporcionarlos. Asimismo, el registro bríndara la información a las instituciones asistenciales, educacionales o de investigación que lo requieran con el propósito de apoyar los fines de la ley.
Dentro del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad funcionarán: a) el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad; b) El Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial sujetos a concesión; c)El Registro de Prestadores de Salud.

Artículo 12°.- La inscripción es de carácter gratuito y contendrá la siguiente información, a saber:
a) Datos indentificatorios de las personas con discapacidad y sus familiares.
b) Los organismos públicos y privados que brinden atención, servicios y programas en beneficio de las personas con discapacidad, debiendo acompañar los instrumentos que acrediten su existencia legal.
c) Las instituciones voluntarias sin fines de lucro que trabajen con o para las personas con discapacidad.
d) Los particulares y/o empresas privadas que, voluntariamente accedan a brindar trabajo a las personas con discapacidad, en la modalidad, condiciones, exigencias y beneficios previstos en la presente ley y en la legislación laboral vigente.
e) Registro de Prestadores de Salud que califiquen para atender los requerimientos de personas con discapacidad, la categorización de estos servicios y la acreditación de los mismos.

SECCIÓN I
DEL REGISTRO LABORAL ÚNICO DE ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD.

Artículo 13°.- La Subsecretaría, en el ámbito del Registro Único para la Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, elaborará un Registro de personas de personas discapacitadas que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones del estado Provincial en los términos del artículo 66, con el objeto de facilitar su acceso al empleo.

Artículo 14°.- El Registro Laboral de Aspirantes con Discapacidad contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a. Datos personales;

b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente;

c. Estudios;

d. Antecedentes laborales.

La información del Registro de Aspirantes estará a disposición de todas las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial.

Artículo 15°.- Las personas discapacitadas que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial podrán inscribirse en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad, en las formas y condiciones que la reglamentación establezca.

Artículo 16°.- Las áreas con competencia en recursos humanos de cada una de las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial deberán elaborar, en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente Ley, el listado de trabajadores con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cupo del cinco por ciento (5 %), establecido por la presente ley.
El listado de trabajadores con discapacidad en cada una reparticiones del Estado Provincial deberá ser actualizado anualmente y contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a. Datos personales;
b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente;
c. Dependencia en la que presta servicios.
d.Cantidad total de trabajadores en relación dependencia y contratados en dicha repartición.
Cada una de las jurisdicciones y entidades del Estado Provincial deberá mantener actualizado, en su página de Internet, la cantidad de personal con discapacidad que preste servicios en su dependencia y el porcentaje de cumplimiento del cupo del cinco por ciento (5%).

Artículo 17°.- La Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo, deberán llevar un Registro de establecimientos pertenecientes al Estado Provincial, atendiendo lo previsto en la Ley Nacional Nº 24.308, a fin de hacer efectiva la preferencia para conceder u otorgar el uso de bienes de dominio público, para la explotación de comercios, servicios y cualquier otra actividad a las personas con discapacidad que puedan desempeñar tales actividades.

CAPITULO V
DE LA JUNTA CALIFICADORA Y LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

Artículo 18°.- La certificación de la existencia de la discapacidad, su naturaleza, grado y de las posibilidades de rehabilitación, así como la indicación del tipo de actividad profesional o laboral que puede desempeñar, serán efectuadas por una Junta Calificadora dependiente de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad.
El certificado que se expida acreditará la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario demostrarla. La autoridad de aplicación emitirá un carnet que garantice la autenticidad, en donde se consigne la existencia de la discapacidad certificada.

Artículo 19°.- La Junta Calificadora estará integrada por el Subsecretario de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, quien la presidirá. Será integrada por un profesional médico, psicólogo, asistente social y cualquier otro profesional que el organismo de aplicación considere necesario conforme a cada supuesto.

Artículo 20°.- La Junta Calificadora emitirá el informe que fundamentará técnica y profesionalmente la certificación de la discapacidad, previa realización de estudios y exámenes pertinentes, con evaluación de las limitaciones y capacidades del solicitante. La Junta podrá requerir la colaboración de organismos públicos, privados y/o personas de idoneidad y conocimientos reconocidos en la materia, en atención al mejor diagnóstico.
El dictamen que produzca deberá contener el diagnóstico etiológico, anatómico, funcional y psicológico, su grado si lo hubiere, la deficiencia que la provoca, pronóstico y perspectivas de rehabilitación, aptitudes y habilidades que la persona con discapacidad conserva, los aspectos de la personalidad del sujeto diagnosticado, entorno familiar, tratamientos aconsejables a realizar, rehabilitación que debe recibir y su frecuencia, periodicidad con que debe ser re-evaluado, a los fines de mantener actualizado el informe respectivo.
Se indicará además, teniendo en cuenta la personalidad, potencialidad y antecedentes de la persona, qué tipo de actividad laboral, profesional e intelectual le es posible desarrollar de acuerdo a las posibilidades que presenta el interesado atendiendo a sus potencialidades futuras, si debe desplazarse acompañado en el supuesto del artículo 104, como así también todo otro informe que pudiere agregarse y fuese de utilidad en la rehabilitación y/o tratamiento del solicitante.
Asimismo, deberá contener de acuerdo a su evaluación socio-económica, un informe sobre sus posibilidades para solventar el programa de rehabilitación, a los fines de la sustentación del mismo por parte del Estado, si careciere de cobertura médico-asistencial y recursos propios para su realización.

Artículo 21°.- La Junta Calificadora emitirá su dictamen en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos desde la recepción del trámite, salvo que por la complejidad y demora de estudios previos a que deba someterse el solicitante, deba extenderse el plazo a otro período que no podrá superar los quince (15) días corridos a contarse del vencimiento del plazo inicial establecido.
Con posterioridad de la emisión del dictamen, la Junta Calificadora elevará el mismo en el plazo de dos (2) días hábiles a la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, debiendo además confeccionar el legajo de los antecedentes y estudios proporcionados y/o realizados, su clasificación al igual que los dictámenes producidos, a fin de ser incorporados al Registro respectivo.

Artículo 22°.- Recepcionado el dictamen, la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, emitirá el Certificado o hará conocer fehacientemente su denegatoria fundada al solicitante, en concordancia a lo dictaminado por la Junta Calificadora, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles.

Artículo 23°.- El certificado emitido, denominado Certificado de Discapacidad, tendrá validez para acceder a todos los derechos y medidas de protección médica, educativa, laboral y de integración social, previstas por esta ley y la legislación vigente complementaria.-

Artículo 24° La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad deberá contar con una Junta Calificadora de Prestadores de Salud para personas con discapacidad. Dicha Junta estará constituida por un profesional médico, psicólogo, asistente social, arquitecto, especialista en medicina no convencional y cualquier otro profesional que se considere pertinente.
Los organismos prestadores de salud en rehabilitación para personas con discapacidad, deberán tramitar obligatoriamente a través de la Junta Calificadora de Prestadores de Salud, su inscripción en el Registro, acompañando la documentación que acredite su existencia legal.

CAPITULO VI
DE LA DEFENSORIA DEL DISCAPACITADO

Artículo 25°.- Créase la Defensoría del Discapacitado en el ámbito de la Provincia, que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política.
La Defensoría del Discapacitado tiene la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones, sean estos individuales, colectivos o difusos, tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, esta ley y las leyes que rigen en la materia; frente a los actos, hechos y omisiones que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de las funciones del Estado Provincial y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio de la Provincia, en perjuicio de las personas con discapacidad.
Su titular es el Defensor del Discapacitado quien no está sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad.

Artículo 26°.- La duración del mandato del Defensor del Discapacitado será de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido solo por un nuevo período.

Artículo 27°.- El Defensor del Discapacitado percibirá una remuneración equivalente a la percibida por un Juez Civil de Primera Instancia.

Artículo 28°.- El Defensor del Discapacitado cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Por muerte.
b) Por renuncia.
c) Por vencimiento del plazo de su mandato.
d) Por incapacidad sobreviniente.
e) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.
f) Por delito en el ejercicio de su función.
g) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo.
d) Por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas en la presente ley.

Artículo 29°-. El Defensor del Discapacitado designará, por concurso público y abierto de antecedentes, al personal de la Defensoría del Discapacitado, el que gozará de condiciones de estabilidad idénticas a las que rigen para el personal del Poder Judicial de la Provincia.

Artículo 30°. El Defensor del Discapacitado deberá dictar un reglamento interno de procedimiento que regulará su actuación, respetando los siguientes principios: informalidad, gratuidad, impulso de oficio, sumariedad, celeridad, confidencialidad, accesibilidad, inmediatez, y pronunciamiento obligatorio.

Artículo 31°. Son funciones específicas de la Defensoría del Discapacitado:
a) Asegurar el respeto y la plena vigencia de los derechos individuales, colectivos y/o difusos de las personas discapacitadas y de sus organizaciones específicas.
b) Ejercer la conducción y representación legal del Organismo, redactar su reglamento interno, que establecerá la estructura funcional y administrativa y la cantidad y perfiles de los empleados que sean necesarios, dentro de los límites presupuestarios.
c) Supervisar el cumplimiento por parte del Estado Provincial, de sus agentes y de las empresas concesionarias, de las leyes y disposiciones que establecen derechos y beneficios a favor de las personas discapacitadas.
d) Receptar todo tipo de denuncias e iniciar y proseguir, de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones del Estado Provincial, sus agentes y de las empresas concesionarias de servicios públicos que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones y/o prestaciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos de las personas discapacitadas. Para ello, la Defensoría del Discapacitado tiene legitimación procesal.
e) Asesorar y colaborar con las personas discapacitadas en sus reclamos ante los hechos u omisiones citados en el inciso anterior.
f) Prever y proponer los mecanismos que permitan eliminar o disminuir aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general del Estado Provincial y que lesionen los derechos e intereses de las personas discapacitadas.
g) Organizar mecanismos de descentralización territorial para la recepción de quejas o reclamos, constituyéndose a tal fin en distintos Departamentos o regiones de la Provincia.
h) Celebrar convenios con entidades internacionales, nacionales, provinciales o municipales, públicas, privadas o mixtas, con el objeto de procurar el cumplimiento de la presente Ley.
i) Adquirir y administrar bienes de cualquier tipo y celebrar cualquier tipo de contrato necesario para el cumplimiento de sus funciones.
j) Reglamentar el procedimiento para solicitar a las autoridades que correspondan, la aplicación de sanciones a funcionarios o agentes de cualquier nivel, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales, donde se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
k) Preparar y proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos.
l) Confeccionar anualmente la memoria y balance.
m) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y los objetivos de la presente Ley.

Artículo 32°.- La Defensoría del Discapacitado puede iniciar y/o proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos, actos y omisiones a que hace mención el artículo 25 de la presente ley, debiendo poner en conocimiento a la autoridad administrativa y judicial competente.

Artículo 33°.- La Defensoría del Discapacitado dará cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de marzo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar informes especiales. Los informes anuales serán publicados en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Cuerpo, debiendo remitirse copia de los informes mencionados al Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia para su conocimiento.

Artículo 34°.- El informe anual debe contener el número y tipo de quejas presentadas, de aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de investigación, de las medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas. En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública identificación de los presentantes de las quejas.
El informe debe contener un anexo que incluya la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado en el periodo que corresponda.

Artículo 35°.- El Defensor del Discapacitado en la Provincia de Mendoza será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la H. Cámara de Senadores de la Provincia.
Será elegido de una terna vinculante propuesta por el Consejo Provincial Asesor de Discapacidad, mediante concurso público de antecedentes y oposición.
El mecanismos de selección se regularán por la respectiva reglamentación, garantizando la idoneidad en la materia de los postulantes.

Artículo 36°. Para ser postulado como Defensor del Discapacitado en la Provincia de Mendoza, los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción.
b) Haber residido en la Provincia de Mendoza durante cinco años.
c) Tener veinticinco años de edad como mínimo.
d) Poseer aptitud y conocimiento en la temática de personas con discapacidad

Artículo 37°. El cargo de Defensor del Discapacitado en Mendoza tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad política partidaria.
Dentro de los treinta (30) días hábiles de su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento.

Artículo 38°.- El Defensor del Discapacitado en Mendoza cesará en sus funciones por muerte, caducidad de su mandato, renuncia aceptada, incapacidad sobreviniente, sentencia firme que lo condene por delito doloso y por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente Ley.

Artículo 39°.- En los supuestos de muerte y caducidad de su mandato el cese será automático. En caso de renuncia se dispondrá por decreto del Poder Ejecutivo. En los restantes supuestos se procederá de acuerdo a lo establecido por el art. 128, inc. 22 de la Constitución Provincial.

CAPÍTULO VII
DE SERVICIOS DE ASISTENCIA, PREVENCION Y REHABILITACION

Artículo 40°.- A los efectos de la presente ley, la prevención comprende tanto las medidas tendientes a evitar las causas de las deficiencias que pueden ocasionar discapacidad, como las destinadas a evitar su progresión o derivación en otras discapacidades.
Para ello, el Estado Provincial tomará las medidas preventivas necesarias, conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley Nº 24.901, y la legislación provincial vigente. A tal efecto, deberá implementar, coordinar políticas y programas, con la finalidad de disminuir y en lo posible eliminar aquellas circunstancias que pudieran ocasionar cualquier tipo de discapacidad congénita o sobreviviente.
Las medidas preventivas que se adopten, no podrán afectar de manera alguna el derecho a la vida, salud e integridad física de la persona por nacer, consagrado constitucionalmente.

Artículo 41°.- La madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social. En caso de existir además, factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamientos y exámenes complementarios necesarios, para evitar patologías o en su defecto detectarlas tempranamente. Si se detecta una patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar la discapacidad, compensarla o disminuir su impacto, a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que conforme al estado de la ciencia se puedan aplicar. En el supuesto de detectarse una posible discapacidad en la persona en cualquiera de los efectores de salud públicos y/o privados provinciales, el médico deberá realizar la correspondiente derivación a los efectos de constatar la discapacidad en los términos del capítulo V, de la presente Ley.

Artículo 42°.- La ejecución por parte del Estado Provincial de su política de prevención comprenderá la prestación de los siguientes servicios:
1. Atención adecuada del embarazo, del puerperio y del recién nacido, para evitar y detectar la discapacidad, de conformidad con el sistema de protección integral de la personas con discapacidad, establecidas por Ley Nº 22.431 y lo previsto por el artículo 14 de la Ley Nº 24.901, Decreto reglamentario 1193/98, la presente Ley y la legislación provincial vigente.
2. Asesoramiento y estudios genéticos.
3. Investigación en el recién nacido de enfermedades metabólicas.
4. Implementación de controles pre y pos natal. Debiendo instrumentarse programas de diagnóstico precoz poli especializado de detección de la hipoacusia, entre otros.
5. Mejoramiento de los hábitos nutricionales, de acuerdo a las previsiones del Artículo 18 de la ley Nº 24.901.
6. Perfeccionamiento de las acciones educativas en salud, en materia de seguridad e higiene en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente.
7. Servicio de orientación familiar destinado a la prevención y en su caso, contención psico-social de la familia.

Artículo 43°.- El Ministerio de Salud deberá incorporar en el Plan de Salud Provincial y con carácter obligatorio, acciones encaminadas a la detección temprana y asistencia oportuna por parte de los organismos competentes. Cuando las personas con discapacidad, presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para su incorporación a estas acciones, el Estado Provincial brindará la cobertura necesaria para asegurar la atención domiciliaria que se requiera, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 de la Ley Nº 24.901.-

Artículo 44°.- Será obligación de los entes que prestan cobertura social en el ámbito de la provincia, contemplar en las prestaciones que brinden a sus afiliados, la cobertura de los servicios de asesoramiento, diagnóstico, estudios genéticos y de control, de conformidad a las condiciones establecidas por el artículo 39 de la Ley 24.901.

Artículo 45°.- La detección de malformaciones congénitas visibles en los recién nacidos en instituciones privadas, deberán asentarse en un registro ordenado. En un plazo no superior a 15 días hábiles de ocurrido el nacimiento, deberá remitirse copia de la historia clínica a la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, a los fines de asistencia y registro previstos en la presente ley.
Las Instituciones privadas que no dieren cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente artículo, serán sancionadas por el Ministerio de Salud según lo dispuesto por la reglamentación que al efecto se dicte.-

DE LA REHABILITACION:
Artículo 46°.- Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte de las capacidades motoras, sensoriales, mentales o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole). De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.
En cada caso, se evaluará el grado de cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere necesario y por el tiempo y las etapas que cada caso particular requiera.

Artículo 47°.- El Estado Provincial prestará a las personas con discapacidad certificada conforme a las exigencias de la presente Ley los servicios de rehabilitación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 24.901. Deberá crear y ejecutar programas de estimulación temprana que otorguen atención a los niños de 0 a 7 años con previa detección de discapacidad, a fin de potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas. Los programas deberán abarcar todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de su maduración, debiendo para ello los hospitales y organismos públicos contar con personal técnico-profesional especializado y entrenado para tales fines.
Los procesos de habilitación y rehabilitación integral, comprenderán:
a) Habilitación o rehabilitación médico funcional.
b) Tratamiento y orientación psicológica, dirigido a potenciar el máximo de capacidades residuales.
c) Educación especial y regular.
d) Habilitación o rehabilitación laboral.
e) Asistencia psicológica y/o especializada orientadora a padres, familiares, tutores y toda otra persona que tenga a su cuidado o guarda de personas con discapacidad.
f) Toda técnica o terapia de eficiencia probada, calificada como de origen médico no convencional.-

Artículo 48°.- El Estado Provincial adecuará el equipamiento y personal necesarios, para asegurar entre las prestaciones médicas, las referidas a la prevención y rehabilitación médico funcional. A tal fin, promoverá a través del Ministerio de Salud, que los Centros de Salud y los de Rehabilitación capaciten a su personal médico y auxiliar, para la atención adecuada de personas con discapacidad, dotando de la infraestructura necesaria para los tratamientos y rehabilitación integral de los mismos.-

Artículo 49°.- El Estado Provincial, fomentará la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación que atiendan los objetivos señalados precedentemente, elaborando normas técnicas para la atención de las personas con discapacidad, a fin de que dichos centros dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la prestación de los servicios, con programas de actualización permanente.

Artículo 50°.- Se entenderá como parte del proceso de rehabilitación, la adquisición, conservación, adaptación y renovación de prótesis, órtesis o de otras ayudas técnicas, cuando en razón de la discapacidad, sea imprescindible su uso para realizar las funciones propias de la vida diaria para la educación o para el trabajo.

Artículo 51°.- El Ministerio de Salud a los fines de dar cumplimiento a los servicios de Asistencia, Prevención y Rehabilitación, establecidos por la presente ley, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1) Creación y supervisión, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, a través de la Subsecretaría de Asistencia Integral a con Personas con Discapacidad, de equipos interdisciplinarios que cumplan con las bases de prevención, diagnóstico precoz, rehabilitación, seguimiento y reevaluación constante.
2) Diseño y ejecución de un programa provincial de formación y capacitación de recursos humanos destinados a la mejor prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad.
3) Elaboración y ejecución programas dirigidos a la comunidad en general y en particular a la población en riesgo, sobre la prevención, atención e integración del discapacitado a la sociedad. Los programas destinados a la prevención, pondrán especial énfasis en los servicios de consejería genética, orientación sobre peligros tóxicos, agentes biológicos, ambientales y catástrofes naturales y artificiales, que puedan devenir en discapacidades limitantes.
4)Realización, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad de programas de capacitación y asistencia técnica destinados a la apoyatura de los diferentes organismos no gubernamentales, dedicados a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas con discapacidad. A tales fines, implementarán mecanismos de concertación entre las universidades de la provincia y otras instituciones capacitadoras reconocidas oficialmente, para la mejor formación y actualización de los recursos humanos.-

PRESTACIONES TERAPÉUTICAS EDUCATIVAS
Artículo 52°.- Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de auto valimiento, independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 53°.- Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos o humanos para atender sus requerimientos cotidianos o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y reinserción social, los organismos dependientes del Estado Provincial y la Obra Social de Empleados Públicos deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la evaluación y orientación estipulada en el artículo 20 de la presente Ley.

Artículo 54°.- La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad se desarrollará dentro del marco de un equipo multidisciplinario y comprenderá la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como agudización de las mismas.
Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción social. También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.

Artículo 55°.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, pondrá en ejecución conforme lo previsto en el Artículo 6º de la Ley Nº 22.431, programas a través de los cuales se habiliten en hospitales y centros de salud existentes y a crearse, de su jurisdicción, de acuerdo con su grado de complejidad y el ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas con discapacidad.
Promoverán también, la creación de talleres protegidos y terapéuticos, centros diurnos, y otros, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley Nº 22.431, prestando asistencia técnica y financiera, teniendo a su cargo normalizar las habilitaciones, registros y supervisión, en concordancia a la reglamentación vigente.

Artículo 56°.- El Estado Provincial promoverá de acuerdo a las previsiones del Artículo 7º de la Ley Nº 22.431, la creación de Instituciones con internación total y/o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar. Promoverá su asistencia y protección a través de hogares de internación, parcial o total como así también a través de la creación de residencias, comunidades, hogares granja para semi-dependientes y/o relativamente independientes, con o sin familia, reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y controlar su funcionamiento. El Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, promoverá y apoyará la creación de instituciones privadas, sin fines de lucro, a los fines precisados.-

CAPÍTULO VIII
DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROVISION DE MEDICAMENTOS

Artículo 57°.- El Estado Provincial, implementará en el territorio de la Provincia todos los programas nacionales vigentes destinados a la prevención, rehabilitación, tratamiento que a través de los organismos competentes se consideren aptos y necesarios, conforme a la legislación nacional vigente en la materia.-

Artículo 58°.- El Estado Provincial, gestionará los fondos necesarios para proveer en forma gratuita los medicamentos, insumos médicos, prótesis, órtesis, etc., para el tratamiento de las personas con discapacidad excluidas del sistema de seguridad social, como así también se hará cargo de los estudios especiales a que deban someterse para un mejor tratamiento de su discapacidad, tendiente a una mejora evolutiva que disminuya la misma, conforme los recursos y programas previstos en la legislación vigente, según lo establecido por el Artículo 4º de la Ley Nº 24.901.-
A los efectos de garantizar el acceso a los servicios previstos en la presente Ley, se deberá arbitrar los medios necesarios para garantizar el gratuito traslado de las personas con discapacidad y su acompañante en caso de ser necesario, hasta los centros especializados habilitados para la realización de dichos estudios, conforme lo previsto por la ley 22.431.

Artículo 59°.- Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho a las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial.

Artículo 60°.- La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), tendrá a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en el Capítulo VII de la presente ley, comprendiendo la prevención, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma. Asimismo, deberá cubrir el cien por ciento (100%) de las prestaciones consideradas técnicamente como de estimulación temprana, durante los doce meses del año calendario, por un término mínimo de tres años consecutivos.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo por parte de la Obra Social de Empleados Públicos, el Poder Ejecutivo, deberá realizar transferencias de partidas a fin de otorgar ayuda financiera que posibilite la cobertura integral de las prestaciones a favor de personas con discapacidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137.

Artículo 61°.- Será obligación de la Obra Social de Empleados Públicos, el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad, sin perjuicio de otros que hagan a la cobertura integral conforme a sus necesidades, a saber: a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de patología, conforme así o determine las acciones de evaluación y orientación estipuladas en los artículos 19 y 20 de la presente Ley; b) Estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente Ley, conforme así lo determinen las acciones de evaluación y orientación estipulada en el artículos 19 y 20 de la presente Ley; c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario.

CAPITULO IX
DE LA PROMOCION, CAPACITACION E INSERCION LABORAL

SECCIÓN I. Régimen General
Artículo 62°.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación laboral, en igualdad de oportunidades, gozando de todos los beneficios y derechos que disponen las leyes laborales para los trabajadores.

Artículo 63°.- Ningún caso de discapacidad, podrá ser motivo para impedir el acceso o permanencia al empleo, excepto cuando su discapacidad sea técnicamente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que pretende desempeñar la persona con discapacidad. El Estado Provincial deberá adoptar las medidas necesarias para que nadie pueda ser discriminado en razón de su discapacidad, siendo nulo de nulidad absoluta el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el ingreso, permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la persona con discapacidad.-

Artículo 64°.- El Poder Ejecutivo, definirá políticas de estado encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad. A tales efectos, implementará programas especiales tendientes a la capacitación para el empleo y desarrollo de actividades productivas, con la finalidad de permitir e incrementar su inserción al trabajo, facilitando además el acceso a los programas previstos por la legislación nacional vigente en la materia. Para ello, realizará convenios y acuerdos de cooperación e información con universidades u otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, tendientes a la generación de empleo y capacitación.-

Artículo 65°.- La Dirección General de Escuelas elaborará programas destinados a la capacitación laboral, acordes a todos los niveles de discapacidad, permitiendo la plena integración laboral. Para ello, realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con discapacidad, previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación que se establezcan. Así mismo, a través de los servicios de información para el empleo, establecerá líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda laboral.-

SECCIÓN II. De las condiciones de Ingreso al Estado Provincial
Artículo 66°.- El Estado Provincial está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal de conformidad a las condiciones dispuestas por el Artículo 8 de la Ley Nº 22.431 y el Artículo 8 bis incorporado por Ley Nº 25.689.

Artículo 67°.- La incorporación de personas con discapacidad será obligatoria, cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Estado Provincial, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial
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